"Mañana, tal vez, tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear". MAHATMA GANDHI

martes, mayo 03, 2011

No le pago para pensar, obedezca y punto

Tropas americanas dan de baja a Bin Laden y todo el pueblo norteamericano sale a las calles en señal de jubilo. En Colombia tropas de Ejercito dan de baja a Raul Reyes, Mono Jojoy, etc, etc y solo salen los politicos de izquierda y las ongs pidiendo el respeto por los derechos humanos...sin comentarios.


eln asesinó de la juez de saravena
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Ojalá los medios de comunicación, sectores políticos y de opinión y las ONG cuya tarea es querer deslegitimar continuamente al Ejército, tengan el valor, la gallardía y el honor ahora de rectificar las afirmaciones que hicieron con ocasión del asesinato de la Juez de Saravena el pasado 22 de marzo.
Todos a una concurrieron a señalar a priori responsabilidad de militares en los hechos luctuosos, supuestamente porque el crimen tendría que ver con el proceso que se adelantaba en su despacho contra un ex Oficial acusado del asesinato de tres hermanitos en esa región.
ONGs como las Comisiones de Abogados Alvear, Justicia y Paz, la llamada MOVICE de Iván Cepeda y otros, no dudaron en lanzar esas afirmaciones y ofrecerse como medios para demandar al Estado y exigir las reparaciones para el padre de los menores; pueda ser que mantengan esa oferta ahora que se sabe y fueron capturados 3 milicianos del ELN, como autores materiales del asesinato de la Juez.
Seguramente ahora se refugiarán en el silencio para que el asunto se olvide, Asonal no convocará a nuevas marchas y protestas porque son las narcoguerrillas las que asesinan a sus miembros o se limitará a la gaseosa fórmula de decir que rechazan los asesinatos contra funcionarios judiciales provengan de donde sea.
Lo que quedó probado es que aquí, el afán de la chiva o la perversidad política, llevan a hacer afirmaciones a la ligera y formar el escándalo mediático cuando de desprestigiar al Ejército se trata; los medios no pueden decir ahora que se limitaron a señalar una hipótesis, porque no actuaron de la misma manera frente a los otros posibles autores del delito, se limitaron a machacar una y otra vez sobre el caso del ex Oficial procesado y a dirigir a la opinión pública a que se convenciera de una relación que ninguna autoridad judicial o policial había dado como cierta.
El presidente Santos, en el marco de una reunión sobre el  acuerdo para la Prosperidad que realiza a esta hora en Chiquinquirá (Boyacá), dijo que “todas esas insinuaciones que apuntaban a nuestra fuerza pública quedan totalmente desvirtuadas”;  señaló que en el homicidio de la jurista, ocurrido el 22 de marzo en Saravena (Arauca) participaron cinco personas, de las cuales 3 fueron capturadas y las otras dos “están plenamente identificadas. Agregó que entre los milicianos detenidos se encuentran “el que disparó, el que iba conduciendo la moto, y el campanero”.  Santos también le agradeció a la Policía y la Fiscalía por la celeridad con la que se llevó a cabo la investigación.
El honor militar del Ejército Nacional debe ser restaurado por quienes, bordeando conductas delictivas, se empeñaron desde esa fecha en mancharlo, lanzando toda suerte de opiniones, notas periodistas, discursos, comentarios, etc., que insistían en señalarlo como responsable de la muerte de la Juez.
Los medios deben darle la misma publicidad a la verdad que la que le dieron a las mentiras publicadas.
La sociedad debe aprender de este hecho; antes de juzgar por lo que dicen los medios o la izquierda, debe esperar el resultado de las investigaciones y concederle al Ejército la presunción de inocencia cada vez que es acusado como institución, de violar DD.HH. o el D.I.H.
Afortunadamente, las encuestas muestran que más del 74% de los colombianos cree en sus instituciones militares, destruir esa credibilidad es a donde apuntan comentarios perversos como los hechos en torno a la muerte de la Juez de Saravena.

Así no llegaremos a ningún Pereira
¿QUÉ HAY DETRÁS DE LAS CONDENAS?
Por Brigadier General (r) Adolfo Clavijo


Ante las condenas al Coronel Plazas (30 años) y ahora al General Arias (35 años), surge la pregunta de qué hay detrás de esas penas, porque con ellas se ve que la administración de justicia sigue demostrando perfidia. Un sucinto análisis a la forma en que se viene administrando la justicia en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia demuestra que tanto en los procesos como en los fallos están terciando unos intereses de carácter ideológico y económico que vienen alcanzando sus mezquinas metas con base en el trabajo político que despliegan los que buscan sacarle provecho al caso.

Como se sabe, el Ejército hizo fracasar el golpe terrorista del 6 y 7 de noviembre de 1985, el cual tenía fines políticos y meollo ideológico. Frente a la acción del Ejército, que era la que le correspondía, ¿tiene alguna explicación el que, a través de la justicia, se les pase a los oficiales que actuaron una cuenta de cobro, veinticinco años después? Esa factura es el producto de que al proceso le mezclaron presiones e infiltraciones de tipo político con el fin de obtener las dádivas ideológicas y económicas que están dando los resultados planeados. Lo triste es que los administradores de la justicia les hayan hecho eco a esas coacciones y hayan permitido que los procesos y fallos contra los oficiales estén politizados. A la toma del Palacio, a pesar de ser un clásico acto terrorista, se le dio un manejo –político- que terminó brindándoles las mieles del poder a los agresores, gesto que no implicaba necesariamente que a los defensores se les traspasara la culpa de lo ocurrido, pero, lamentablemente, así se hizo. Esta fue una jugada sórdida pero magistral para quienes lograron politizar la justicia con el fin de lograr las condenas que surten sus intereses.

En el mismo proceso del Palacio de Justicia el interés ideológico entró en escena con dos actos. En el primer acto, con la revancha inmisericorde que el comunismo internacional, empleando la administración de justicia, pone siempre en juego contra quienes frustran sus empeños de hacerse al poder de una nación; el precio que cobran en estos dos casos que nos ocupan es alto en castigos judiciales (30 y 35 años, cuando a criminales terroristas se les imponen penas irrisorias). En el segundo acto, con la injuriosa tarea de minar la credibilidad oficial para mantener vigente la opción de un gobierno comunista, que sería eterno como todos los de este tenor. Esta tarea requiere aprovechar todas las oportunidades habidas y por haber para descalificar la institucionalidad y dejar en mente la posibilidad de que entren a gobernar fuerzas radicales. Para este efecto, nada mejor que meter entre las cuerdas de la justicia y el desprestigio a quienes conducen las acciones y reacciones gubernamentales. Estos dos puntos demuestran que en el caso del Palacio de Justicia el interés ideológico buscó y logró inclinar la balanza de la justicia hacia el lado que les conviene a los que quieren deshacerse de la democracia. Se concluye, entonces, que detrás de las condenas está la ambición de poder de ideología marxista, o algo parecido.

Ahora el interés económico. Las demandas contra militares buscan condenas que les abran las puertas a grandes indemnizaciones que lucran a ONG y a colectivos de abogados y, de paso, a reales o hipotéticos familiares de las presuntas víctimas. La inversión para el logro de la indemnización contempla toda forma posible de presión y coacción contra la administración de justicia; se hacen habituales las marchas y manifestaciones ante las sedes de la justicia para “reclamar justicia”, mientras los abogados les hacen la cacería a los reporteros para salir al aire a esgrimir argumentos falaces con los que se pueda distorsionar el pensamiento de la opinión pública. Con los fallos de primera instancia contra el Coronel Plazas y el General Arias el interés económico va ganando la partida pues, al haber condena, hay pago. Aquí se concluye que detrás de las condenas reina la voracidad económica de algunas organizaciones.

Y, ¿qué más hay detrás de las condenas? Una administración de justicia que deja todo por desear. Lo más seguro es que las falencias no están en la letra de los manuales de procedimiento y reglamentos ni en la normatividad en general (que si bien les cabe reformas, éstas no solucionarían el grave problema por el que atraviesa la justicia colombiana) sino en las actitudes y conductas que inciden en las actuaciones de los funcionarios que administran la justicia (magistrados, jueces, fiscales y otros; no todos, por supuesto). Las condenas a los oficiales citados y el desarrollo de los otros procesos que están en curso dejan ver que gran parte de las decisiones jurídicas están influenciadas por organizaciones y personas que manipulan los intereses ideológicos y económicos que acompañan los juicios a los militares. De ahí que, si en los procesos del Holocausto la justicia se tuerce es porque quienes tienen la facultad de manejarla lo hacen con falsedad, parcialidad, prevención, prejuicio. Incurren en lo que podrían llamarse los “falsos positivos de la justicia”, que se traduce, como en los otros falsos positivos, en convertir a alguien en víctima para cobrar o usufructuar dividendos.

Bogotá, D.C. mayo de 2011    


http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/testigo_contra_plazas_no_sirvio_en_caso_arias/testigo_contra_plazas_no_sirvio_en_caso_arias.asp?CodSeccion=211

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